Adopción de menores con discapacidad, ¿cuál es la realidad del Perú?

Entre 2011 y 2021, solo 1 de cada 100 niños adoptados tenía algún tipo de discapacidad. Aquellos que no logran conseguir un hogar durante su niñez o adolescencia, son trasladados a albergues con adultos, donde podrían vivir hasta el final de sus días.

Desde febrero de 2018 rige en el país el Decreto Legislativo 1297 que indica que el rol del Estado frente a los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono o riesgo es velar por su reintegración a sus familias de origen. Sin embargo, bajo el principio de necesidad, si todos los medios para mantenerlos en ellas “no surtieron efecto o han sido descartados”, se aplican medidas de protección, que pueden ser temporales o permanentes, y que siempre “garanticen su derecho a vivir en una familia o en un entorno familiar”.

Una de las medidas que, en teoría, debería ser temporal es el servicio que ofrecen los Centros de Acogida Residencial. Según la especialista de Protección Infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Yoko Wada, la institucionalización de los menores “viola el derecho que tienen a vivir en una familia” y en el país, “se ha convertido en la primera opción”.

Por su parte, la psicóloga Aime Apaza, coordinadora del área de educación inclusiva de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, indica que los niños que son llevados a un albergue, además de estar limitados de su derecho a la familia, también son afectados en su objetivo de vivir de forma independiente. “Debemos entender que los albergues son instituciones cerradas, en las que los niños con discapacidad, así como otros niños, se van a ver privados de su libertad, y eso, a la larga, también perjudica el hecho de que puedan ser incluidos en la comunidad”, comenta.

La especialista explica que, tras el internamiento en centros de este tipo, los niños con discapacidad tendrán dificultades para acceder a la educación e incluso, dependiendo del nivel de atención o apoyo que necesiten, “no tendrán esperanza de abandonar estos espacios, porque no les van a dar recursos para desarrollar una vida independiente”. Es decir, una vida en constantes cambios de albergues.

En el país hay distintas instituciones que acogen a menores de edad, como centros del sector privado, iglesias y los CAR, administrados por Inabif. Todos sujetos a acreditación, supervisión y sanción por parte del MIMP, sin embargo, la ONG Sodis (Sociedad y Discapacidad) alertó que, a la fecha, dicha cartera no cuenta con un registro unificado de todos los centros que brindan acogida residencial a menores.

Hasta mayo de este año, 233 niños, niñas y adolescentes con discapacidad vivían repartidos en 29 diferentes CAR. Según esa data, 144 fueron inscritos en el sistema educativo en lo que va del 2021: 71 en CEBR, 72 en CEBA y solo uno en un Centro de Educación Técnico- Productiva (Cetpro). Es decir, ninguno recibe educación básica especial. De no avanzarse en ello, hoy los niños en albergues, mañana serán adultos sin niñez en familia. Si tienen alguna discapacidad, si el sistema continúa igual, probablemente también les espere una adultez en albergues.

FUENTE: La República Data