Rafael Casas: “Todo niño y niña tiene derecho a crecer en un entorno de buen trato y protección”

Abogado con experiencia en dirección de organizaciones públicas, privadas y proyectos sociales vinculados con la infancia y el desarrollo humano. Desde hace más de 5 años, Rafael Casas ocupa el cargo de especialista en Abogacía e Incidencia en Políticas de Infancia en la ONG Aldeas Infantiles SOS Perú.

¿Cuál es el impacto de la violencia para el desarrollo de la niñez?

Todo niño y niña tiene derecho a crecer en un entorno de buen trato y protección, con una familia que brinde condiciones mínimas para que pueda desarrollar todas las competencias que va a usar en el presente y el futuro. Estas condiciones no se desarrollan por diversos factores; la pobreza es uno de ellos-; existen familias que no tienen condiciones económicas para garantizar derechos básicos como salud y educación; la violencia contra las mujeres es otro factor, ya que se replica en las niñas y niños, cayendo en maltratos excesivos y lesiones fisicas o psicológicas, en algunos casos, hasta causarles la muerte.

Al inicio de la cuarentena, se registró un alto número de violencia en el hogar, sobre todo a los niños. Esto nos dice que las familias modernas no están acostumbradas al ámbito familiar y estar todo el día juntos ha incrementado la violencia. Los servicios del Estado han demostrado una débil capacidad de respuesta para atender estas denuncias, lo que ha generado desprotección familiar.

¿Cuáles son los retos que tenemos en la prevención de violencia? 

El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) viene adecuando algunos marcos presupuestales, en el caso de la violencia contra la mujer es el 080 y en el caso de la niñez es el Ppr-117; pero el presupuesto sigue siendo mínimo, no es significativa la inversión que se hace para prevenir ni para brindar atención las víctimas de violencia.

En el caso de los niños institucionalizados en albergues tenemos dos variantes: los que van a un CAR (Centro de Acogida Residencial) público y tienen un financiamiento estatal; y los que van a un CAR privado que depende de lo que pueda obtener a través de donaciones, proyectos o cooperación internacional. Hay una discriminación de parte del Estado, porque es la UPE quien declara la desproteccion familiar y se genera discriminación al no asignar presupuesto a un grupo determinado. Los servicios de protección no se están articulando de manera sistemática, por eso tenemos niños y niñas que tienen más de 2 años en un CAR.

¿Qué propone Copera Infancia?

Una de las propuestas tiene que ver con la DEMUNA, estas no dependen de los ministerios sino de los gobiernos locales y no están siendo lo suficientemente reconocidas. Eso no limita a que las DEMUNAS puedan hacer la parte preventiva, pero no pueden emitir ningún tipo de protección, ahí es donde debe haber una articulación con sectores como el MINSA, el MINEDU y el MIDIS.

También se plantea un servicio integral de atención a la familia a nivel nacional, tenemos un plan que no se está implementando; muchas situaciones de violencia y separación del entorno se deben a que la familia no está preparada, es importante que el Estado fortalezca las competencias familiares.

¿Por qué es necesario que los actores políticos asuman un compromiso?

Es una respuesta con varias entradas, va a depender de los tipos de violencia que se aborde. El Estado tiene muchas deficiencias, por ejemplo: el MIMP tendría que regular las políticas de infancia, pero son varios los ministerios que asumen esa intervención; también tenemos gobiernos regionales y municipales que tienen competencias específicas de cuidado como la DEMUNA, los albergues públicos y los Centros de Emergencia Mujer, necesitamos una estrategia que una a estos actores.

Muchas normas se quedan en papel y se debería ir a una parte más operativa, analizar los casos, saber cuáles son las políticas públicas que van a garantizar derechos y analizar el costo de todo esto. Debido a la pandemia, tendremos un incremento de la pobreza, los proyectos que se generen deben ofrecer oportunidades laborales para que las familias vulnerables puedan generar ingresos y los niños no pierdan su educación ni estén expuestos a otras formas de violencia como la explotación o la trata de personas.